buhs: La Red De Activistas De Izquierda Unida Ha Realizado Un Nuevo Recurso Ante La Junta De Andalucia Y Una Queja Al Defensor Del Pueblo Por Un Posible Delito Penal De Prevaricación

La Red de Activistas de IU de Sevilla ha informado que presentará un nuevo recurso ante la Junta de Andalucía y una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, anunciando también que irán a la Fiscalía si no se corrige, por un presunto delito penal de prevaricación.
El comunicado difundido por la citada entidad es el siguiente:
"Como esta Red de Activistas de Izquierda Unida de Sevilla ya dijimos en el recurso que el día 29 de los corrientes presentamos, y ahora repetimos, se ha procedido a la convocatoria que se recurre, mediante un proceso poco, o nada transparente, ilegal, abusivo, arbitrario y manifiestamente contrario a derecho por las formas y el fondo que se han tomado. Ya que, se vulneran en el mismo los principios en los que se debe basar un verdadero estado social y democrático de derecho, como pasamos a exponer.
Efectivamente, se ha procedido en la atacada convocatoria a crear un verdadero chiringuito para que accedan a los puestos de trabajo personas dóciles y afines al ideario que se defiende, y encarna, la misma, que sirvan a los intereses especulativos por los que se dictó el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Utilizando para ello el disfraz de la justificación de la urgencia de la medida en las necesidades de contratación urgente de la pandemia por el COVID-19, cuando ni una sola de las plazas que se convocan fuese para el personal sanitario, y sí para el personal técnico.
Pero es más, no se establecen ni garantizan en la convocatoria los principios en los que se debe basar la contratación en el sector público. Debido a que, en las formas, se han tomado pautas que hacen que el arbirtrarismo, la arbitrariedad y la mendacidad brillen en todo su esplendor. Ya que, a tales efectos, se ha realizado una convocatoria, entre otras, con las siguientes irregularidades:
a) Sólo existe un plazo de 24 horas para las inscripciones en la que l@s interesad@s optasen a un puesto de trabajo.
b) Se instaura el medio para hacer llegar las solicitudes de l@s aspirantes mediante una dirección de correo electrónico.
c) Se eliminan los curriculum y se toma en su lugar una declaración responsable de l@s candidat@s.
d) Se aplica el prior tempore, potiur iure, como si del derecho registral se tratase.
e) Por lo que se eliminan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en los que se basa la contratación en el sector público.
f) Se arbitra la medida de llamadas de teléfono al personal que se elija para conocer si acepta o no el puesto de trabajo que le han otorgado.
Si lo que se ha recogido en el ordinal anterior en cuanto a las formas, en este, se van a analizar las irregularidades del fondo que tampoco son inexistentes. Se articula un medio para la convocatoria excluyendo a ciertos colectivos, y se les pone el estigma de excluid@s sociales. Cuando lejos de ello se les debería proteger de forma precisa, adecuada y discriminatoriamente positiva, siendo esos colectivos, los que siguen:
a) Diabetes, b) Enfermedad cardiovascular, (incluida hipertensión). c) Enfermedad hepática crónicas. d) Enfermedad pulmonar crónicas. e) Enfermedad renal crónica. f) Enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas. g) Inmunodeficiencia. h) Cáncer. i) Mujeres embarazadas o lactantes. j) Personas de más de 60 años.
Lo cual, además de ser contrario a las normas que rigen en un verdadero estado social y democrático de derecho, son un catálogo al más puro estilo de la Alemania nazi. Ya que, sin una base objetiva se excluyen a esos colectivos. Pudiendo, además, ser constitutivo de delito, entre otros, de discriminación del art. 510 del Código Penal. Lo que nos llevaría a denunciar a la Fiscalía dicha convocatoria si no se retirase de forma inmediata y se siguiente adelante.
Adjuntamos tanto el recurso a la Consejería de Presidencia como la Queja al Defensor del Pueblo Andaluz para que inste al Defensor del Pueblo Español a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, advirtiendo a la administración autonómica que, de no corregir inmediatamente la convocatoria acudiremos a la Fiscalía por entender que estamos ante un delito previsto en el Código Penal".Related articles